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Motivaciones para medidas de coerción en caso Odebrecht detallan maniobras corruptas

Los imputados en el escandaloso caso Odebrecht se dieron a conocer este viernes por la Suprema Corte de Justicia

Santo Domingo RD.- Los argumentos y motivaciones que determinaron las medidas de coerción impuesta por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, a los imputados en el escandaloso caso Odebrecht se dieron a conocer este viernes por la Suprema Corte de Justicia.

En la resolución 0047-2017 se da a conocer el entramado de cómo supuestamente se pagaban los sobornos, además de los ejecutivos de la empresa que señalaron a los funcionarios que recibían los pagos para la aprobación de obras de infraestructura del Estado Dominicano.

Las evidencias presentadas contra el recién destituido ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, indican que éste mientras se desempeñaba como secretario Técnico de la Presidencia del 2004 al 2007 recibió sumas de dinero por parte del imputado Ángel Rondón para asegurar la tramitación y el financiamiento de los préstamos de forma ágil.

El exfuncionario es señalado por los testigos brasileños Ernesto Sá Viera Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz. El documento expresa además que la Constructora Norberto Odebrecht hizo aportes a la pre-candidatura de Montás a la Presidencia de la República en los años 2008, 2012 y 2016.

En el caso del senador Tommy Galán, este habría sido contacto por Rondón mientras fungía como presidente de la Comisión de Finanzas del Senado para la aprobación en esa ala legislativa de los contratos de préstamos y participando en la aprobación de 11 de estos acuerdos.

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Además, el testigo brasileiro Vasconcelos Cruz, en sus declaraciones a las autoridades brasileñas, señala a Galán como la persona encargada de influir en el Senado para que fuera aprobado sin contratiempos el préstamo y que Rondón Rijo le hizo donaciones para su campaña como senador, durante los períodos 2008, 2012 y 2016.

Mientras que el senador Julio César Valentín habría recibido sobornos para la aprobación de contratos, como lo fue el financiamiento del Corredor Duarte Uno, igualmente ex-ejecutivos de la constructora lo califican como una de las personas encargadas de viabilizar todos los proyectos que favorecían a Odebrecht durante su gestión, primero en su condición de presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente de miembro del Senado. Por esto el legislador recibió sumas de dinero de parte de Rondón.

En relación con las declaraciones del ex-ejecutivo de Odebrecht, Viera Baiardi, éste manifestó que para la aprobación de los financiamientos y contratos relativos al proyecto del Acueducto de la Línea Noroeste, así como la ejecución de las obras complementarias, Rondón contactó y sobornó a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, respectivamente, quienes habrían aceptado sumas de dinero en dólares para la agilización y aprobar contratos y préstamos.

La motivación expresa que sin el pago de Rondón a estos legisladores el financiamiento no habría sido aprobado, aspecto que también corrobora el testigo Vasconcelos Cruz por ante el Ministerio Público de Brasil.

En síntesis, Ángel Rondón es la persona quien habría sobornado a funcionarios y legisladores con la finalidad de beneficiar a la constructora en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos, siendo este el imputado principal del eslabón en la cadena de sobornos estructurada.

Los brasileños Vasconcelos Cruz, Viera Baiardi, y Luis Eduardo Da Rocha Soares, hablan de la elaboración de los contratos simulados en torno al argumento de que el dinero se depositaba en las cuentas de las compañías constituidas por Rondón o vinculadas a éste.

Con relación a la participación de Víctor Díaz Rúa, como Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y como secretario de Obras Públicas, se le acusa de recibir sumas millonarias de parte de Rondón y de trabajar directamente con él para procurar la asignación de obras tales como Casabito, Autovía del Coral, Corredor Duarte, Acueducto de Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal.

Díaz Rúa además, obtuvo un incremento en su patrimonio de manera injustificada; y fue quien contactó al abogado Conrado Pittaluga, para que redactara el contrato disfraz de consultoría y que hizo posible la trasformación y cesión de la obra Autopista el Coral a la constructora a cambio del 1.25% del valor total de la obra

Este profesional del Derecho también habría estado involucrado en la aprobación y ejecución de los proyectos Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Rio Jarabacoa y Corredor Duarte II.

Igualmente Pittaluga habría sido la misma persona que en fechas 26 de febrero y 21 de abril del 2009, levantó, en su calidad de Notario Público, las actas de comprobación del proceso de recepción y apertura de los documentos fase I, así como la apertura de sobres que contenían las ofertas técnicas de la precalificación para la licitación pública de la construcción de esta obra.

Conjuntamente con Díaz Rúa, habría recibido la suma de 6 millones 629 mil 80 dólares, la cual fue pagada a través de la compañía Newport Consulting LTD, una sociedad abierta en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, propiedad del intermediario del soborno señalado.

Para César Sánchez, en calidad de administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad, habría firmado el contrato de fecha 30 de octubre de 2002, con Odebrecht, para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito; en violación de la Ley 322 de 1981, al no asociar en ese momento, a la empresa extranjera, con una empresa nacional, para poder participar en el concurso y sorteo de dicha obra.

La motivación judicial estipula además que Sánchez alegadamente fue sobornado por Rondón para viabilizar la aprobación del referido proyecto, aceptando también soborno para que fueran contratadas las adendas I, II y III, al contrato de construcción de la Hidroeléctrica Pinalito; lo que incrementó injustificadamente su patrimonio, registrándose un aumento de un 96% en dos años.

La situación con Radhamés Segura, como vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, habría firmado las adendas número 4, 5 y 6, al contrato del proyecto Hidroeléctrico Pinalito, incrementándolo en su gestión en un 140%, violando la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, pese a que el aumento del costo de la obra podría aumentarse únicamente hasta un máximo de 25% del monto del contrato original.

El argumento también indica que la ampliación de la referida obra se debió al entramado de corrupción y la aceptación de los sobornos dados por la compañía a través de Rondón, según testimonios de Viera Baiardi y Vasconcelos Cruz. A Segura también se le vincula desproporcionado de otras obras violando varias leyes.

Sobre Roberto Rodríguez, como director INAPA, este habría gestionado contratos del Acueducto de la Línea Noroeste; así como la realización de adendas para incrementar los beneficios de la compañía, aumentando el costo de dicho proyecto, producto de lo cual su patrimonio tuvo un crecimiento desproporcionado con relación al salario percibido por su función y su patrimonio inicial, lo que obedece, según la imputación, a los actos de corrupción en sus funciones; cometiendo además falsedad declaración patrimonial.

Para el imputado Ruddy González, en su condición de diputado y Miembro de la Comisión de Hacienda de ese organismo, habría influido en la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Rio Jarabacoa y Corredor Duarte II. Apoyó en las diligencias para la aprobación de acuerdos de financiamiento de dichas obras. Viabilizó todos los proyectos que se conocieron en su gestión, para recibir sumas de dinero de parte de Rondón, según lo establece el testigo Vasconcelos Cruz.

Y en el caso de Máximo de Óleo Ramírez, este habría influido en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito, manteniendo contactos para tales fines con el brasileño Héctor De Abreu Azevedo, director técnico de Odebrecht, involucrado en Brasil en los casos de sobornos y la persona que fuera responsable del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra.

Todas estas motivaciones fueron suficientes para que el magistrado Francisco Ortega declarara bueno y válida, en cuanto a la forma, la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva, la cual fue aplicada para la mayoría de los implicados, pero ahora la Procuraduría tiene hasta Febrero del próximo año para recolectar las pruebas adicionales y armar un expediente acusatorio.

Más contenido por Redacción CDN

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