Es un importante paso para que se produzcan sometimientos de los implicados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con la designación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del magistrado Francisco Antonio Ortega, como el juez de instrucción que conocerá el expediente sobre los sobornos pagados en el país por la constructora Odebrecht, se evidencia que en el caso hay legisladores o funcionarios implicados, con jurisdicción privilegiada.
Esta designación del magistrado que instruirá el caso representa el primer paso más importante para que se produzcan los sometimientos de los implicados en el escandaloso caso.
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Según explican algunos abogados como Amadeo Peralta, este juez tendrá en sus manos decidir las medidas de coerción, así como quiénes irían a juicio de fondo.
Desde ya, sectores de la Sociedad Civil, como Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), ponderan como positiva su designación, tras asegurar que el profesional del derecho ha tenido una trayectoria limpia.
Trayectoria
Ortega es actualmente miembro de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, Contencioso-Administrativo y lo Contencioso-Tributario de la Corte Suprema. Ha recibido varios reconocimientos que incluyen la Medalla al Mérito Civil otorgado por el Gobierno Dominicano.
Su carrera la ha ejercido en el sector público del Distrito Nacional:
En 1995 se desempeñó como abogado asistente del Procurador General de la República.
De 1996-1998 fue procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional.
De 1998-2001 se desempeñó como juez de instrucción del Distrito Nacional.
En 2001-2003 estuvo como juez presidente de la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
De 2003-2005 fue juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
De 2005-2012 fue juez miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del D.N.; juez presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del D.N. 2012.
Fungiendo como juez de la primera Sala Penal del Distrito Nacional, Francisco Ortega Polanco, fue quien otorgó la libertad provisional bajo fianza a los dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, acusados por el alegado desfalco al Estado en la ejecución del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME).
La decisión del juez más tarde fue ratificada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidido en ese entonces por la jueza Miriam Germán Brito.
La Procuraduría fue debidamente notificada del apoderamiento del juez, por lo que se espera que a partir de la próxima semana, el Ministerio Público tramite la remisión de los expedientes.
Por: Yarilis Calcaño
