La iniciativa aprobada establece que el cómputo no pueda aplicarse a condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra
El Senado argentino aprobó este miércoles, por unanimidad, un proyecto que restringe la aplicación de reducciones de condena para los delitos de lesa humanidad, después de que la Corte Suprema causará una fuerte polémica al aplicar el denominado «cómputo del 2×1» a un represor de la última dictadura (1972-1983).
La medida modifica la ley 24.390, conocida como cómputo del «2×1», que establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de entonces cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de su condena.
La polémica en torno a esta norma comenzó la pasada semana, cuando la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de aplicarla en el caso del civil Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en una cárcel clandestina durante el último régimen militar.
La iniciativa aprobada este miércoles establece que el cómputo no pueda aplicarse a condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
Con 56 votos a favor y ninguno en contra, el Senado convirtió en ley el texto, que unifica siete proyectos de ley diferentes de varios partidos y que había sido aprobado ya este martes por la Cámara de Diputados en una sesión especial.
Dicho beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley (1994-2001), algo que no ocurrió en el caso de Muiña, quien estuvo detenido previamente.
En declaraciones a los medios al finalizar la sesión, el presidente del oficialista bloque Cambiemos en el Senado, Ángel Rozas, aseguró que el sector político argentino le está diciendo a su pueblo que «la defensa de los derechos humanos, el tema de los delitos de lesa humanidad, no son patrimonio de ningún sector, no son patrimonio de ningún partido».
«Quiero garantizar que el Gobierno nacional no ha tenido nada que ver (con la decisión de la Corte) y que los principales ministros han sido lo suficientemente claros y categóricos diciendo que están en contra», agregó.
Asimismo, el senador de Cambiemos Luis Naidenoff afirmó que la promulgación de la nueva ley «será inmediata» y apuntó que con ella, el Congreso «viene a enmendar un error creado por el propio Congreso».
Por su parte, el senador del opositor Frente Para la Victoria-Partido Justicialista Pedro Guastavino afirmó durante el debate de este miércoles que con esta norma los legisladores intentan «sentar una pauta interpretativa que impida en lo sucesivo a quienes utilizaron el aparato del Estado para secuestrar, torturar y asesinar que puedan gozar de ese beneficio».
Horas antes de la aprobación de la ley, la emblemática integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, deseó en un acto realizado en la propia sede del Congreso que la Cámara alta diera su sanción definitiva para poder estar «festejando el triunfo de toda una sociedad que se vio afectada, herida, insultada, por la decisión de la Corte Suprema».
Organismos de derechos humanos mantienen convocada para esta tarde una marcha para manifestar su repudio a que se den privilegios a los represores de la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos, según los cálculos de las asociaciones.
