La mandataria Michelle Bachelet generalmente no se pronuncia sobre los casos de violaciones
Ángela Jeria, madre de la presidenta chilena Michelle Bachelet, irritó el jueves a los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) al mencionar que no está en desacuerdo con la liberación de los criminales de lesa humanidad con problemas mentales.
El comandante jubilado Edgar Cevallos, cuya demencia mixta fue constatada por un hospital y el servicio forense estatal, fue liberado hace diez días por el mismo juez que en septiembre del año pasado lo condenó a cuatro años de cárcel por haber sido uno de los dos torturadores que causó la muerte del general Alberto Bachelet.
“Las personas que no están en condiciones buenas de salud, que en realidad ya no saben si quiera de qué es su vida, no tiene sentido que sigan presas«, declaró Jeria el jueves tras asistir al acto de aniversario de la policía uniformada. “No hablo de perdón porque el perdón es cuando se lo piden y nadie me lo pidió a mí nunca”, agregó.
El general Bachelet fue encarcelado inmediatamente después del golpe militar porque fue llamado por el gobierno socialista de Salvador Allende para colaborar en el área de distribución de alimentos, dados sus conocimientos de administración. Las torturas que recibió le causaron la muerte en marzo de 1974, mientras estaba en la cárcel.
La mandataria Michelle Bachelet generalmente no se pronuncia sobre los casos de violaciones a los derechos humanos vinculados a su familia.
Después de las declaraciones de la madre de la presidenta, personas cercanas a víctimas de la dictadura reaccionaron. “Familiares de víctimas rechazamos tajantemente dicha decisión de Ángela Jeria”, escribió en su cuenta de Twitter Felipe Henríquez. Por su parte, Cecilia Heyder, hija de un militar ejecutado, agregó que las palabras de Jeria “no me representan”.
El juez que liberó a Cevallos adujo que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores dispone que el condenado «no cumplirá la sanción privativa de libertad impuesta mediante sentencia ejecutoriada por haber caído en la enajenación mental«.
Cevallos cumplía su condena en el penal de Punta Peuco, al norte de Santiago, exclusivo para violadores de los derechos humanos. Por primera vez, cinco condenados por el secuestro, tortura y lanzamiento al mar de cinco izquierdistas en 1987, fueron ingresados la víspera a un anexo nuevo de una cárcel común, lo que despertó la resistencia de sus familiares y legisladores de oposición derechista.
Familiares de los 3.095 opositores asesinados en la dictadura, según cifras oficiales, más unos 37.000 torturados y presos políticos presionan por el cierre de Punta Peuco para que los criminales de lesa humanidad vayan a cárceles comunes.
Fuente: AP
