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Nueve países condenan violencia en Venezuela

Nueve países condenan violencia en Venezuela
Nueve países condenan violencia en Venezuela

El documento agrega que para estas naciones «resulta imperativo» que Venezuela cumpla con su cronograma electoral

A través de un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay condenan «enérgicamente» la violencia en Venezuela y lamentan «que no se hayan atendido las exhortaciones de la comunidad internacional para que las manifestaciones anunciadas en ese país transcurrieran en un clima pacífico y sin violencias».

El documento agrega que para estas naciones «resulta imperativo» que Venezuela cumpla con su cronograma electoral, que libere a los presos políticos y garantice la separación de los poderes constitucionales.

El presidente Nicolás Maduro afirma que Colombia es «un Estado fallido» y denuncia la existencia de un plan para asesinar a los líderes que suscribieron el reciente acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

Visiblemente molesto, aparentemente por los recientes comentarios de su par colombiano Juan Manuel Santos sobre la situación en Venezuela, Maduro dijo que Colombia evidencia un fracaso social, político y económico signado por «70 años de guerra«.

En la víspera, Santos publicó en su cuenta en Twitter que solicitó a su canciller pedir al secretario general de las Naciones Unidas «poner su atención en la preocupante militarización de la sociedad venezolana«.

Durante un acto de gobierno transmitido por radio y televisión, Maduro informa que pidió investigar a la compañía Movistar, propiedad del grupo español Telefónica, por supuestamente sumarse a «la marcha golpista» convocada por sus adversarios en la víspera.

El mandatario también afirma que de manera desproporcionada «se invirtieron 100 millones de dólares» en supuestos mensajes a través de servicios telefónicos y de Internet favorables a la movilización de los opositores el 19 de abril.

Funcionarios de Estados Unidos están revisando los detalles de una demanda que data de hace casi 20 años que llevó al gobierno venezolano a decomisar una planta de General Motors en la nación sudamericana, dijo Mark Toner, del Departamento de Estado.

La demanda fue presentada por un ex concesionario de GM en el oeste de Venezuela. Buscaba una compensación de GM por daños y perjuicios por 476 millones de bolívares, aproximadamente 665 millones de dólares a la tasa de cambio oficial, pero sólo 115 millones en el mercado negro al que muchos venezolanos se ven obligados a recurrir para vender su divisa cada vez más desvalorizada.

GM señaló que fue notificada esta semana que una corte de primera instancia ordenó un embargo de su planta, de cuentas bancarias y otros activos en el país.

Toner dijo que el Departamento de Estado exigió a las autoridades que «se aseguren de que este caso civil de larga duración sea resuelto rápida y transparentemente». Agregó que para implementar reformas judiciales es crucial «un sistema judicial justo, predecible y transparente«.

Cientos de trabajadores desesperados por información sobre su empleo se reunieron en la planta el jueves para encontrarse con funcionarios militares y de gobierno, así como con representantes de la concesionaria que presentó la demanda.

El gobierno venezolano no ha comentado sobre la planta de GM.

El portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas expresa su preocupación por la violencia registrada en Venezuela y urge a «hacer esfuerzos para reducir la tensión» y prevenir futuros choques.

«Pedimos al gobierno de Venezuela y a la oposición que se comprometan de forma sincera a reactivar esfuerzos de diálogo, especialmente alrededor de asuntos críticos que ya habían acordado que estarían en la agenda«, dice en un comunicado Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General Antonio Guterres.

Dujarric pide «gestos concretos» por parte de ambos bandos para «reducir la polarización» y crear las condiciones necesarias para enfrentar desafíos en beneficio del pueblo venezolano.

Amnistía Internacional pone en marcha una campaña para reclamar al presidente venezolano Nicolás Maduro que ponga fin al régimen de aislamiento y detención del opositor Leopoldo López.

«A través de esta acción urgente la organización internacional moviliza a miles de seguidores en todo el mundo para pedir a las autoridades venezolanas que les permitan a los familiares y abogados de López verlo en la cárcel«, dice el comunicado difundido por la filial de la organización humanitaria en Argentina.

Según la organización, el líder del partido de oposición Voluntad Popular es «un preso de conciencia que debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional, ya que su detención es arbitraria».

«Poner a Leopoldo López en aislamiento es una manera ilegítima de justificar su detención en régimen de incomunicación y viola tanto su integridad personal como su derecho a la defensa y a la vida privada y familiar«, agrega.

López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad pública por ser uno de los promotores de una ola de protestas antigubernamentales, permanece recluido en una prisión militar a las afueras de Caracas.

El ministro de Relaciones Interiores venezolano, mayor general Néstor Reverol, denuncia que el presunto homicida de una joven de 23 años la víspera durante una manifestación contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un militante activo del partido Vente Venezuela, liderado por la líder opositora María Corina Machado.

De acuerdo con investigaciones preliminares «es notorio que el ataque se hizo de manera planificada», dice Reverol.

A Machado, la legisladora más votada en las elecciones legislativas de 2010, le retiraron la investidura parlamentaria en 2014 y le impusieron una sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año. Esto le impidió postularse a las elecciones parlamentarias de 2015 que ganó abrumadoramente la oposición. Machado tiene además pendiente un proceso judicial por el presunto delito de conspiración.

La Comisión Europea lamenta la violencia en las jornadas de protesta en Venezuela y exige una investigación por las muertes de manifestantes.

«Todas las partes, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, tienen la responsabilidad de actuar con completo arreglo a la legalidad y los derechos humanos», dice en un comunicado y añade que los responsables de la violencia deben responder ante la ley.

El escrito no menciona al guardia nacional que, según las autoridades venezolanas, murió la noche del miércoles después de que su batallón fuese atacado con armas de fuego en los alrededores de Caracas.

«Hacemos un llamamiento a los venezolanos para que reduzcan la tensión y encuentren soluciones democráticas en el marco constitucional«, agrega el comunicado.

Los titulares de Exteriores de España y México condenan la violencia de las últimas jornadas en Venezuela pero rechazan elevar algún tipo de protesta diplomática ante el gobierno de Caracas.

El ministro español Alfonso Dastis señala que no es pertinente adoptar «medidas que contribuyan a acrecentar la tensión» al ser interrogado sobre la posibilidad de llamar a consultas al enviado de Venezuela en Madrid o retirar al embajador español en Caracas.

En la misma línea, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, remarca la importancia de «mantener un vínculo diplomático con el gobierno venezolano«.

Videgaray agrega en la rueda de prensa conjunta que deben ser los venezolanos quienes «a través de un diálogo real, resuelvan el conflicto y logren el restablecimiento pleno de la democracia representativa con división de poderes«.

Dastis, por su parte, desea que «sean capaces de llegar a un acuerdo político nacional que permita a los venezolanos recuperar la normalidad democrática«.

Fuente: AP

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