SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, indicó que dentro de menos de 30 días, el organismo que dirige podrá recibir informaciones sobre los nombres de las personas en el país que habrían sido sobornadas por la constructora Odebrecht.

El funcionario saludó la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que acogió el pedido de homologación del acuerdo entre la constructora Odebrecht y la Procuraduría General de la República. El juez Danilo Amador Quevedo conoció el citado acuerdo.

El procurador general de la República indicó que a partir de este miércoles, el contenido del acuerdo y la sentencia que aprueba su homologación serán de público conocimiento. Estimó que esta sentencia marca un hito en materia de corrupción. Dijo que es la primera vez que se logra una decisión de homologación de acuerdos de este tipo.

Garantizó la persecución de este delito “caiga quien caiga” y sin importar del partido que se trate.

Dijo que su ámbito es sobornos, a ser abordados por el Código Penal,  y que el tema de sobrevaluación de obras es responsabilidad de otro estamento.

La Procuraduría General de la República había informado que a más tardar en 30 días, luego de la autorización para la aplicación del criterio de oportunidad, el Ministerio Público tendría la información necesaria para identificar quienes fueron sobornados en el país por Odebrecht, para así poder someterlos a la justicia.

Había destacado que los datos que entregará Odebrecht, junto a la información que será suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación local, permitirían realizar, más rápido de lo que muchos esperan, el sometimiento a la justicia de todo el que, sin excepción, haya violado las leyes.

Agregó entonces que, amparada en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, los empleados y directivos de la constructora brasileña no serían enjuiciados en República Dominicana, porque serán procesados judicialmente en Brasil, y que los sobornados serían juzgados en República Dominicana.

El procurador puntualizó además que durante los tres primeros años, el Estado dominicano recibirá US$92 MM, equivalente a la mitad de la indemnización lograda de US$184 millones y que los US$92 MM restantes en un plazo máximo de 5 años, con un privilegio de pago sobre los demás países afectados por la trama ilícita, exceptuando Brasil, Estados Unidos y Suiza”.

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