El Gobierno italiano presentó un plan para frenar la llegada de migrantes a Europa, que incluye la expulsión de los clandestinos y una mejor gestión de los que piden asilo político.
El plan, que tenía que ser definido a mediados de enero, fue presentado finalmente por el ministro del Interior, Marco Minniti, ante una comisión del Parlamento.
«Vamos a acoger y a integrar a los que tienen derecho y a repatriar a los demás», explicó el ministro.
Minniti, experto en el tema, considera clave involucrar a los representantes de las regiones para la ejecución del plan, ya que todas, en total 20, deberán abrir Centros para la Identificación y Expulsión de Migrantes, los llamados CIE, en vez de los actuales cuatro, los cuales tendrán una capacidad máxima de 1.600 personas.
Desde el 2014, Italia ha recibido 500.000 migrantes y se calcula que unos 175.000 esperan respuesta a la solicitud de asilo presentada.
«Recibir inmigrantes es un tema delicado y poco popular, pero si todos, en todas las regiones, aportamos, es más fácil gestionar el fenómeno», reconoció a AFP Matteo Biffoni, alcalde de Prato (centro de Italia), representante de las Asociación de Alcaldías de Italia.
Para favorecer esa política, el Estado repartirá unos 100 millones de euros a las alcaldías que participen.
Además promete acelerar los trámites para acceder al asilo, de unos dos años a menos de seis meses.
«Queremos eliminar los grandes centros de internamiento y favorecer la apertura de pequeños, lo que permite una relación diferente con la población local», explicó Minniti.
El plan deberá ser sometido a votación en el Parlamento e introduce también el principio de que el refugiado que pida asilo puede trabajar en labores socialmente útiles para la colectividad mientras espera respuesta a su solicitud.
La propuesta ha sido criticada por varios alcaldes, sobre todo del sur de la península, como el de Taranto, en Apulia, ya que consideran que afectaría al mercado del trabajo en zonas con alto desempleo.
Por el contrario ha sido elogiada por otros alcaldes, como el de Belluno, en el norte, donde los refugiados, la mayoría africanos a la espera de una respuesta, desempeñan labores en escuelas, jardines públicos, lugares que han sufrido recortes de personal por la crisis económica.
«No entran en competición con el mercado del trabajo», precisó Minniti.
La intención del gobierno liderado por Paolo Gentiloni, quien sustituyó a Matteo Renzi, es la de frenar y administrar el flujo de migrantes que intentan entrar ilegalmente a Europa por Italia.
Entre las medidas que el plan contempla figura la de acelerar tanto el proceso de identificación del migrante y refugiado como la de expulsión y repatriación de aquellos considerados ilegales.
Ante el éxodo constante de migrantes a Europa, un drama humanitario que divide a los países del continente, Italia propone medidas diferentes para el refugiado que huye de guerras y conflictos con respecto al indocumentado, que busca una nueva vida mejor.
Para frenar la ola de indocumentados, la mayoría proveniente de África, el gobierno de centro-izquierda impulsa también una serie de acuerdos bilaterales para dar ayuda económica a los países de proveniencia que están dispuestos a reintegrar a los expulsados.
La llegada en solo 2016 de 181.283 migrantes, un 15% más respecto con respecto a 2015 y un promedio de 60 desembarcos al día en el primer mes de 2017, preocupa a las autoridades, conscientes de que el fenómeno no tiende a detenerse.
Paralelamente, Italia batalla también para que el reglamento de Dublín, que determina las reglas de reparto de los solicitantes de asilo en la Unión Europea, sea reformado.
Dicho sistema establece que el primer país de la UE al que llega un solicitante de asilo es el que se encarga de la solicitud, lo que para los países que más personas reciben, como Italia, se considera una injusticia por la carga desproporcionada que soportan.
