El Ministerio Público peruano informó que después de varias semanas de negociaciones alcanzó un acuerdo preliminar con la constructora brasileña Odebrecht. Ésta se encuentra en el ojo del huracán desde que, dentro de su acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El acuerdo fue alcanzado tras una última negociación de 11 horas. La empresa se compromete a entregar toda la información.
La empresa se compromete a ofrece toda la documentación que la justicia requiera, aunque esté fuera del país. Según una nota de prensa de la Fiscalía, esto permitirá acortar los plazos de las indagaciones. La empresa se comprometió a pagar unos 30 millones de soles (cerca de nueve millones de dólares) como adelanto por la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente en sus operaciones en el Perú. La cuantía final de este monto será calculada en el proceso penal, y se sumará a la reparación civil que se imponga.
El periodista especializado en temas judiciales César Romero explica: “Este acuerdo es consecuencia de la delación firmada entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Odebrecht. El Perú fue fundamental para la empresa, no olvidemos que sus operaciones en el país se remontan a 1979, fue el primer lugar en América Latina donde tuvo sucursal. Todo parece indicar que no todo el dinero para corromper funcionarios se quedó acá, una parte estuvo de paso a otros lugares”.
El fiscal de Perú, Pablo Sánchez, ofreció una conferencia el lunes para explicar el curso que llevaban las investigaciones de la Operación Lava Jato en el país. Para sacarlas adelante, su institución ha conformado un equipo especial de fiscales que viene trabajando desde noviembre bajo el mando del fiscal anticorrupción Hamilton Castro. Según el comunicado del Ministerio Público, el equipo mantendrá sus propias pesquisas en Brasil, Suiza y otros países.
El miércoles el Parlamento también creó una comisión para el caso, que estará presidida por el parlamentario fujimorista Víctor Albrecht y que tendrá 180 días de plazo para investigar.
Romero explica que la investigación de la Fiscalía ha avanzado bien, aunque enfrenta algunos problemas: “El primero es la falta de presupuesto. El equipo especial de Hamilton Castro no se dará abasto para analizar la enorme cantidad de documentos contables y contratos de esta megaoperación, o para participar en los interrogatorios de todos los involucrados”. Y agrega: “La Fiscalía ha presentado una solicitud presupuestaria de 10 millones de soles, que subsanarían estas deficiencias [tres millones de dólares]. Lo lógico sería que se obtengan del adelanto que pagará Odebrecht, pero todavía no existe la norma legal que lo permita”.
La otra dificultad son las relaciones con la justicia brasileña. En Brasil viven los directivos de Odebrecht, cuyos testimonios podrían aclarar buena parte del caso. Pero sus fiscales se muestran renuentes a colaborar, no por celos o falta de diligencia, sino por temor a dejar al descubierto la estrategia de su investigación. Según trascendió, incluso algún directivo de Odebrecht solicitó permiso para viajar al Perú y presentarse ante la justicia, pero le fue denegado. El trabajo de los fiscales peruanos deberá adecuarse al ritmo de sus pares brasileños, cuya prioridad, como es lógico, está en su propio país.
Conocida la noticia, la filial de la constructora brasileña difundió una nota de prensa llamativamente concisa: “Odebrecht Perú confirma la firma de un acuerdo preliminar con la Fiscalía de la Nación y reitera su compromiso de cooperación con las investigaciones que se vienen realizando en el país”.
