La fiscalía de Perú informó el lunes que creó un equipo especial de fiscales para investigar la corrupción en torno a los contratos con la firma brasileña Odebrecht, con la cual se negocia la entrega de información acerca de sobornos millonarios y la devolución de un monto preliminar a cuenta de las ganancias ilícitas.
El fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde, dijo a la prensa que la investigación es de naturaleza reservada pero que ese organismo ha creado un equipo que contempla peritos contadores, ingenieros y expertos en informática, entre otros, para determinar los responsables de los sobornos que esa empresa admitió haber pagado.
A finales de año, Odebrecht y su petroquímica Braskem se declararon culpables ante una corte estadounidense de pagar cantidades elevadas en diez países de Latinoamérica y dos de África luego de una investigación en Brasil de una gran red de corrupción. Esa empresa es considerada la firma latinoamericana más grande en construcción e ingeniería.
El fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, que presidirá el equipo investigador, dijo que se negocia con esa firma «no solamente la entrega de información valiosa y útil para acortar los tiempos de investigación, sino también estamos buscando que la empresa, en la línea de reconocimiento de su responsabilidad, entregue al estado peruano un adelanto pecuniario a cuenta de las ganancias ilícitas«.
Ello no exime a Odebrecht devolver todas las ganancias ilícitas y la indemnización que la justicia determine.
Aseveró que la información de los sobornos en Perú y en otros países está en poder de fiscales suizos en un sistema que «es una especie de registro de coimas; registra los pagos ilícitos de Odebrecht en diversos países, entre ellos Perú«.
Agregó que aunque tales transacciones están cifradas, tienen seudónimos y en muchos casos el contenido está encriptado, por lo que no se ha podido extraer todo.
El gobierno y la fiscalía solicitaron información a Estados Unidos, Brasil y Suiza por los 29 millones de dólares en sobornos que Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras públicas.
El gobierno peruano anunció la semana pasada que la constructora brasileña Odebrecht no podrá participar en licitaciones de obras públicas, bloqueo que ocurrirá por un cambio normativo que se realizará en la ley nacional de contrataciones, la cual prohibirá la participación de empresas que hayan incurrido en delitos de corrupción.
