El próximo miércoles, el magistrado Guillermo de la Barra tiene programado visitar el domicilio de la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, de 93 años, en la zona oriental de Santiago de Chile. El ministro de la Corte de Apelaciones la interrogará por primera vez en el marco de la causa que investiga el patrimonio de CEMA Chile, la fundación que Hiriart lideró desde el golpe de Estado de 1973 hasta agosto pasado y que recibió gratuitamente unas 236 propiedades públicas durante la dictadura militar (1973-1990). Diez años después de la muerte de Pinochet, ocurrida tal día como hoy en 2006, la Justicia por primera vez indaga a su viuda por delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, por la obtención y millonaria venta de esos inmuebles.
Casi nada se sabe en Chile de Lucía Hiriart de Pinochet, que vive casi enclaustrada en su residencia de La Dehesa, una de las zonas más caras de la capital. Desde que falleció su marido, se sumergió en su mundo privado y los chilenos parecen haberla olvidado, salvo por los rumores que cada ciertas semanas hablan de su deceso en Twitter. En los últimos meses, Hiriart —con quien el dictador tuvo cinco hijos— ha ingresado en reiteradas ocasiones en el Hospital Militar por dolencias respiratorias. La periodista Alejandra Matus, autora de la biografía no autorizada Doña Lucía, reveló que a pocos días de su comparecencia ante la Justicia por el caso CEMA, nuevamente se halla en el hospital desde este lunes aquejada de una bronquitis.
“Tras la muerte del patriarca, la familia se ha desintegrado, las visitas son escasas y Lucía se siente inmensamente sola”, señala el libro de Matus, que desvela su rutina, aspectos desconocidos de su vida y la influencia política que ejerció sobre el dictador. Publicado por primera vez en 2013, lleva nueve ediciones impresas y en los últimos tres años ha sido un éxito de ventas.
De ascendencia vascofrancesa, la primera dama del régimen imprimió su mirada personal de lo que debía ser Chile a través de CEMA, una red de centros de madres donde las mujeres pobres eran instruidas en diferentes oficios. La fundación se había creado en 1954, pero Hiriart tomó el control desde el comienzo de la dictadura, asumiendo la presidencia. Con el paso de los años, se transformó en su ejército femenino propio y su principal herramienta para darle al Gobierno de su marido un supuesto carácter de integrismo moral. Poco antes de la llegada de la democracia, en 1990, el régimen cambió los estatutos para que CEMA quedara en manos de la esposa del comandante en jefe del Ejército, el cargo que asumió Pinochet tras abandonar La Moneda. En 1996 se produjo una nueva transformación de la normativa: CEMA quedó en manos de Hiriart aunque su marido dejara el Ejército, lo que finalmente sucedió en 1998.
Siempre existió la sospecha de las complejas tramas que se escondían bajo la fachada de CEMA, sobre todo luego de las cuentas secretas de Pinochet en el banco Riggs. Pero fueron las investigaciones periodísticas locales las que comenzaron a destapar los secretos que escondía la fundación: al menos 236 propiedades fiscales terminaron a nombre de CEMA en los 17 años de dictadura y, de acuerdo con los antecedentes que han comenzado a revelar los medios de comunicación del país austral, al menos la mitad de las donaciones se realizaron en el tramo final del régimen. El Gobierno de Bachelet inició una ofensiva para conocer efectivamente el número de propiedades de titularidad estatal que terminaron a nombre de CEMA en dictadura y determinar el destino del dinero que la fundación obtuvo por las ventas de unos 137 inmuebles.
La misión de CEMA, según sus propios estatutos, es “la ejecución de actividades tendientes a proporcionar bienestar espiritual y material a la mujer chilena, especialmente a aquella afiliada a Centros de Madres u otras organizaciones comunitarias o de bien social”. El dinero por la venta de inmuebles debería haberse destinado a financiar estas actividades. Una investigación periodística del programa de televisión Contacto desveló, en cambio, que la mayor parte de oficinas de CEMA se encuentra sin uso, aunque la fundación sigue recibiendo importantes sumas de dinero de municipios como Viña del Mar. “Estos inmuebles fueron utilizados para negocios”, sostuvo Nivia Palma, la ministra de Bienes Nacionales, en declaraciones a Efe. “Hiriart era la responsable jurídica”.
La Justicia, que reabrió la investigación en abril, busca comprobar la presunta malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Entre agosto y septiembre, el magistrado acogió la petición del Consejo de Defensa del Estado que solicitaba el embargo preventivo de 41 bienes raíces de la fundación y todos sus productos financieros. Tras el estallido del escándalo, Lucía Hiriart de Pinochet presentó su renuncia a la presidencia de CEMA tras más de cuatro décadas al frente del ente.
