BUENOS AIRES.- El ministro de Energía argentino Juan José Aranguren vendió las acciones de la empresa angloholandesa Royal Dutch Shell de las que era titular luego de recibir fuertes cuestionamientos.
El funcionario concretó la venta en los mercados bursátiles donde cotizan esos títulos de forma electrónica y en presencia de un escribano público, informó un comunicado del Ministerio de Energía y Minería.
La operación «se concretó de acuerdo con la recomendación efectuada por la Oficina Anticorrupción en su resolución del 9 de septiembre pasado, no obstante la ausencia de una incompatibilidad legal con el ejercicio del cargo y de una obligación legal de transferir dichas acciones», puntualizó el comunicado.
El ministerio también informó que el presidente Mauricio Macri «aceptó la excusación de Aranguren» para intervenir en cuestiones relacionadas con Shell y sus empresas vinculadas y encomendó al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, «la decisión en esas actuaciones».
Aranguren declaró 16,3 millones de pesos (poco más de 1 millón de dólares) en acciones clase A de Royal Dutch Shell PLC en su declaración patrimonial correspondiente a 2015 difundida en junio. El funcionario fue presidente de la filial local de la petrolera hasta diciembre, cuando asumió el cargo de ministro.
La controversia surgió porque Aranguren tiene a cargo, entre otras responsabilidades, la regulación del mercado petrolero. Legisladores opositores cuestionaron que el funcionario tuviera la información del mercado y datos confidenciales de los planes de negocios de la petrolera estatal argentina YPF y que pudiera estar beneficiando a la empresa privada de la que era accionista.
El gobierno defendió en ese entonces a Aranguren alegando que las acciones en debate no eran de Shell Argentina sino de Shell Internacional y representaban una cantidad «ínfima». Asimismo indicó que el funcionario no estaba beneficiando a la petrolera extranjera.
Pero la Oficina Anticorrupción instó al ministro a desprenderse de su participación accionaria para evitar poner en riesgo la finalidad de la función, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad de los funcionarios.
Además, le hizo saber al ministro que «deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell».
La institución puntualizó asimismo que si bien la ley no prohíbe tener acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario «las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas».
Desde: AP
