Los diálogos para la instauración de nueva Constitución que reemplace a la que se mantiene vigente en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet se cerraron con una escasísima participación, pese a lo cual el gobierno se declaró satisfecho.
Impulsado por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, los llamados «diálogos ciudadanos» terminaron el sábado con cabildos que se realizaron en todas la regiones de Chile, después de los realizados a nivel provincial y una fase de encuentro locales auto convocados.
En todos ellos la participación ciudadana fue escasísima, poniendo en dudas el real interés de los chilenos por cambiar la Constitución que se mantiene vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En total, en todas las instancias del proceso participaran unas 230.000 personas sobre un universo estimado de 14 millones.
«Es un fracaso en el sentido que no se lograron las expectativas en términos de volumen de participación», dijo a la AFP el politólogo de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales.
El gobierno, no obstante, se declaró conforme con los niveles de participación: «Estamos satisfechos. Nos parece que son cifras que dan cuenta que en este país no solamente hay ganas de participar, sino que también hay compromiso y voluntad», dijo el sábado el portavoz oficial Marcelo Díaz.
«¿Cómo van a encontrar que es bueno un proceso si el 99,5% de la población no participó», se preguntó el legislador opositor, Juan Antonio Coloma.
Ahora, las conclusiones de los diálogos serán condensados en un texto que la presidenta Michelle Bachelet llevará al Congreso, junto a una nueva ley que permita una reforma de la actual Constitución, que no establece mecanismos de modificación.
Si se aprueba, será el próximo congreso -que arrancará en marzo de 2018- el encargado de decidir la forma en que se reformará la Constitución de Pinochet. Si lo rechaza, los resultados de los diálogos serán archivados.
El gobierno de Bachelet tiene un frágil mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero necesita de algunos votos de la oposición para hacer avanzar la reforma.
Siguiendo una promesa de campaña, la presidenta socialista chilena Michelle Bachelet se comprometió a cambiar la Constitución que en 1980 estableció la dictadura de Pinochet, en el marco de otras complejas reformas sociales.
«La actual Constitución tuvo su origen en la dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría», dijo Bachelet al lanzar el proyecto de reforma en octubre del año pasado.
Pero el destape de un caso de eventual corrupción que involucra a su hijo mayor y a su nuera, y que derribó su popularidad, le dejaron poco margen a Bachelet para impulsar una reforma Constitucional.
El escaso apoyo popular al proceso de diálogo echó por la borda el objetivo del gobierno de presionar por esta vía a los legisladores para que aprueben el mecanismo de reforma.
«Como el proceso de diálogo no fue revestido de legitimidad social, al gobierno le va a costar instituirlo como pretendía como una instancia de presión para los legisladores», dice Mauricio Morales.
Además, «resulta imposible cambiar una Constitución si es que pensamos que es un presidente impopular el que va a tratar de establecer o diseñar el mecanismo para ese cambio», agrega el politólogo.
Bachelet, que dejó su primer mandato con un respaldo del 80%, hoy mantiene niveles históricamente bajos de popularidad, en torno a 24%.
Aprobada en un cuestionado plebiscito, la Constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en estos 26 años de democracia, pero hasta ahora no se había planteado ninguna iniciativa para erradicarla completamente.
