SAN SALVADOR, El Salvador — Un tribunal superior de justicia de El Salvador ordenó el viernes dejar en libertad a una mujer que tuvo un aborto involuntario y fue condenada a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo.
María Teresa Rivera fue detenida en noviembre de 2011 en un hospital público, adonde la llevaron sus familiares tras encontrarla en el baño casi inconsciente y sangrando profusamente. Los médicos que la atendieron le informaron a la policía que sospechaban que ella había inducido un aborto.
La mujer fue declarada culpable de homicidio y condenada a 40 años de prisión en junio de 2012, pese a que sus abogados alegaron inconsistencias en su proceso y falta de pruebas de que la mujer realizara un acto intencional que llevara al aborto espontáneo.
María Teresa aseveró que no sabía que estaba embarazada, pero durante el juicio, uno de sus jefes testificó que ella le había comunicado en enero de 2011 que estaba embarazada. Sus abogados señalaron que si eso fuera cierto, María Teresa habría estado embarazada por 11 meses cuando se produjo el aborto.
Ese testimonio fue una de las pruebas utilizadas para condenarla, pero al estudiar el juicio, el tribunal superior de justicia dictaminó que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra.
El Salvador es uno de los cinco países de América Latina, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben en aborto sin excepciones.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De encontrarlos culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
Pero si como en el caso de María Teresa, el delito se cambia a homicidio agravado; es decir, aquel homicidio provocado en razón de parentesco de la víctima y el victimario, estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, ha señalado que en El Salvador, las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
«Este es un problema de mujeres pobres, de injusticia social y una violación a los derechos humanos», sostuvo la defensora de los derechos de las mujeres, Morena Herrera.
