CARACAS, Venezuela (AP) — Mientras el gobierno amenazó con intervenir las plantas paralizadas y encarcelar empresarios, la oposición advirtió de un estallido social en Venezuela si se intenta bloquear el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Con estas declaraciones concluían el sábado las marchas convocadas por oficialistas y opositores.
«Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos qué puede pasar en este país. Venezuela es una bomba que en cualquier momento puede explotar», advirtió ante la multitud el líder opositor Henrique Capriles, quien convocó para el próximo miércoles otra movilización hasta las instalaciones del CNE.
Cientos de afectos a la Mesa de Unidad Democrática, la fuerza política que agrupa los movimientos de oposición, se concentraron en la avenida Casanova de la capital venezolana para «protestar pacíficamente» y exigirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se pronuncie sobre la validez o no de 1,8 millón de firmas recolectadas en abril que permitirá abrir formalmente el proceso de revocatoria contra Maduro, cuyo mandato debería extenderse hasta 2018.
«Queremos quitarnos este yugo de encima para poder vivir bien», expresó el opositor Simón Moreno a The Associated Press en las calles de Caracas. «Estoy pasando por los peores momentos, pero no me preocupo por mí, me preocupo por mis hijos. Qué van a conseguir en un país destrozado», lamentó este jubilado de 67 años.
El clamor de Moreno pareció apagado desde otra zona de Caracas, la plaza Diego Ibarra, cuando el líder oficialista Jorge Rodríguez dijo ante los seguidores del chavismo que «no habrá referendo» revocatorio y desconoció la validez de las rúbricas recogidas por la oposición al asegurar que «pusieron a firmar a los muertos, a los menores de edad y a los extranjeros indocumentados».
Cualquier acto de fraude ha sido negado por la oposición.
Al mitin en la plaza Diego Ibarra llegó en horas de la tarde el presidente Maduro quien ordenó, en medio del estado de excepción decretado el viernes, adoptar «todas las acciones para recuperar el aparato productivo que está siendo paralizado por la burguesía» y advirtió que los empresarios que quieran detener la producción de sus plantas para «sabotear el país» habrá que «ponerles los ganchos» o esposarlos y mandarlos para la Penitenciaria General de Venezuela.
La declaración de Maduro fue una advertencia para Empresas Polar, la mayor industria de alimentos y bebidas de Venezuela, que detuvo la producción de cuatro de sus principales plantas desde el 30 de abril por falta de materias primas, que no han podido ser compradas por la imposibilidad de acceder a divisas.
Con la declaración del estado de emergencia económica Maduro tendrá una extensión por 60 días de poderes especiales para contrarrestar el adverso panorama del país, golpeado por una inflación que supera el 180% y una terrible escasez de alimentos básicos y medicinas.
El gobierno atribuye la crisis económica, nada más, a las caídas internacionales del precio del petróleo, principal sector económico de Venezuela, a y una «guerra económica» protagonizada por la derecha política.
Las movilizaciones de este sábado fueron precedidas por días convulsionados debido a la militarización de Caracas por orden del gobierno y por algunos roces entre oficialistas y opositores el pasado miércoles cuando se encontraron en otra marcha. Ese día, el opositor Capriles fue rociado en su rostro con gas pimienta por agentes de la policía.
