Michel Temer, como presidente en funciones de Brasil, tiene como reto adoptar medidas que coloquen a esa nación sobre una ruta de crecimiento económico y estabilidad de precios. De no haber cambios de política económica se estima que este año el producto interno bruto caería en un 3.7% y la tasa de inflación se movería en el entorno del 9%, mientras que la tasa de desempleo se mantendría por encima del 10%.
El presidente Temer deberá ajustar las finanzas públicas. El déficit público, proyectado en 10% del PIB, obligará al gobierno a reducir los gastos sociales, a reformar el sistema de pensiones, a privatizar algunos servicios públicos y a elevar los impuestos.
La política de ajuste es una condición necesaria para recuperar la confianza del empresariado. Algunos analistas afirman que la salida de capitales y la depreciación cambiaria son dos fenómenos que se pueden explicar por el deseo de los grupos de poder de sacar de la presidencia a Dilma Rousseff, heredera política de Lula da Silva.
Lo preocupante es que Temer no tiene capital político para gastar, pues su popularidad es menor al 10% y sólo el 2% del electorado votaría por él en unas elecciones generales. Es muy probable que los sindicatos y los movimientos sociales enfrenten a Temer en las calles.
Una reciente encuesta revela que el 60% de los brasileños declara que le hubiese gustado que tanto Rousseff como Temer hubiesen salido juntos del gobierno. Si se toma en consideración que Dilma es acusada de haber falseado las cuentas fiscales, no menos cierto es que Temer, su vicepresidente, también puede ser responsable de ese “pedaleo fiscal” y ser sometido a un juicio político.
La situación en Brasil sigue siendo muy inestable.
