SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Fiscalía se negó el viernes a incluir el lavado de dinero entre los delitos que deberá enfrentar el expresidente salvadoreño Francisco Flores y rechazó el pedido de los querellantes de que en lugar de prisión domiciliaria sea enviado a una cárcel mientras continúa el proceso.
Flores está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito por más de 15 millones de dólares.
Al reanudarse la audiencia, que comenzó la víspera, la Fiscalía General pidió al juez Miguel Ángel García que declare sin lugar la petición de los abogados acusadores de incorporar el delito de lavado a las acusaciones contra el exmandatario (1999-2004).
El fiscal Julio Zamora argumentó que en las investigaciones realizadas por el ministerio público no se recabaron pruebas para acreditar que se haya cometido ese delito.
La Fiscalía también expresó su desacuerdo con los querellantes que pidieron que se suspenda el arresto domiciliario del que goza el exmandatario desde noviembre de 2014 y sea enviado a un centro penitenciario.
Por su parte, la abogada querellante Berta De León criticó las peticiones fiscales que se unieron a la solicitud de los defensores para que sea separada del juicio y recordó que la Corte Suprema de Justicia avaló su presencia en el caso.
De León arremetió contra la Fiscalía, a la que acusó de favorecer al imputado, y sostuvo que «no nos sorprende que tanto la Fiscalía como la defensa quieran sacar a la querella del debate».
El también abogado querellante René Landaverde afirmó que «la intención de separarnos de este proceso no es nueva, ha habido muchas intensiones de hacerlo, la táctica de la defensa es para evitar la imputación del lavado de dinero».
Agregó que la defensa quiere separarlos del juicio porque no tiene argumentos suficientes para defender a Flores del delito de lavado de dinero, así como también quieren desacreditar a la comisión Especial de la Asamblea Legislativa donde Flores confesó haber recibido dinero del gobierno de Taiwán.
En una de las intervenciones ante el congreso unicameral en diciembre de 2013, Flores confesó que sí recibió dinero del gobierno de Taiwán, pero dijo que no era parte del convenio de cooperación bilateral y por lo tanto no fue reportado al fisco salvadoreño. Dijo también que el dinero fue entregado a sus destinatarios, pero nunca identificó a los que recibieron los recursos.
Landaverde también señaló que han solicitado al juez que ordene al expresidente Flores devuelva al Estado de El Salvador los 15 millones de dólares que donó Taiwán más intereses legales que esto pudo dejar de percibir.
La abogada De León reiteró la petición que se remita la certificación a la Asamblea Legislativa pues el Fiscal General Luis Martínez, ha cometido omisión en la investigación e incumplimiento de deberes, y lo responsabilizan del resultado que tangan el caso, ya él es el responsable de la investigación y aseguró que la Fiscalía ha ocultado información, lo que ha favorecido al imputado.
Según la Fiscalía, de los 15 millones de dólares que donó Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001 cinco millones habrían pasado a formar parte del patrimonio personal del expresidente y 10 millones fueron transferidos a cuentas del entonces gobernante partido Alianza República Nacionalista (Arena).
La investigación comenzó luego que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) denunciara en diciembre 2013 la existencia de la existencia de un reporte de operaciones sospechosas detectadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que ingresó a la Fiscalía General de la República el 23 de septiembre de 2013 que, que según Funes involucraba a Flores.
