El pasado jueves 3 de septiembre, el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez ordenó prisión preventiva contra el ex presidente Otto Pérez Molina por asociación ilícita, defraudación tributaria y cohecho pasivo. A casi un mes de su detención, el ex mandatario solicitó por medio de su abogado tener privilegios en la cárcel militar de Matamoros.
Moisés Galindo, defensor de Pérez Molina, pidió a la Justicia que el ex jefe de Estado pueda ingresar a su celda un televisor, un aparato de sonido, un equipo para realizar ejercicio y una computadora.
El abogado alegó que su defendido tiene derecho a la recreación, la salud y la libertad de expresión, por lo que también pidió una estufa pequeña y un dispensador de agua pura.
La defensa de Pérez Molina argumentó en la solicitud que elevó a la Justicia que como ex presidente tiene derecho a la libertad de expresión y que está interesado en escribir un libro sobre la historia de Guatemala.
Galindo señaló que su defendido, permanece hace casi un mes detenido en Matamoros, «ya está aburrido».
El juez decidirá el jueves si acepta la petición o no.
Por el caso de corrupción por el que está detenido Pérez Molina, también cayó su ex vicepresidente, Roxana Baldetti. Luego de renunciar, la funcionaria fue arrestada, aunque actualmente se encuentra en un hospital militar por problemas de salud.
Pérez Molina y Baldetti son acusados por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber recibido millones de dólares en sobornos.
Según la CICIG los ex funcionarios conocían y facilitaron la estructura denominada La línea y recibieron beneficios de esta. Dicha organización estaba integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios con el fin de evadir impuestos.
La comisión asegura que Juan Carlos Monzón Rojas, el prófugo ex secretario privado y mano derecha de Baldetti, es el artífice y líder de la estructura. Al menos 100 personas están siendo investigadas por el caso.
Estuardo Salvador González, también detenido e integrante de La línea, dijo ante el juez a cargo de la causa que Pérez Molina y Baldetti habrían recibido el 50% del total de los sobornos percibidos por la estructura criminal.
