Puerto Rico, tal como habíamos pronosticado, no pudo pagar la mayor parte de 58 millones de dólares de bonos que debía honrar en el día de hoy. La recesión económica y el deterioro de sus finanzas públicas han reducido su liquidez y capacidad para pagar la deuda pública de 72 mil millones de dólares.

Esa decisión del gobierno ratifica la afirmación que realizó el Gobernador de Puerto Rico el pasado junio cuando señaló que la deuda de la isla era insostenible e impagable.

El problema de la economía puertorriqueña es estructural. Apenas el 40% de la población participa en la población económicamente activa. Ese reducido número se explica por la rigidez del mercado laboral y la existencia de beneficios sociales que disminuyen la oferta de mano de obra. Y sin empleo e inversión no puede haber crecimiento.

El caso de Puerto Rico se complica porque no puede apelar a la legislación de quiebra (capítulo 9) que protege a las municipalidades de los cincuenta estados de la Unión Americana. Esto reduce la posibilidad de que pueda llevar a cabo una reestructuración de su deuda que minimice el impacto negativo sobre su población.

El deterioro de la calidad de vida provocaría una salida masiva de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, en particular hacia Nueva York y la Florida. Para los dominicanos que viven allá las condiciones económicas serán muy difíciles y podría provocar una salida, algunos hacia otros estados de la Unión o de regreso hacia la República Dominicana.