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TSA responde con serias precariedades a miles de ciudadanos demandan justicia

Santo Domingo.- Con poco espacio y carente de personal el Tribunal Superior Administrativo tiene que responder a miles de ciudadanos que anualmente requieren sus servicios en demanda de justicia.

Un angosto salón sirve de escenario para que las tres salas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la presidencia puedan solucionar todos los casos que llegan a su puerta, que de 2010 a 2013 sumaron 4 mil 711, según las estadísticas del Poder Judicial. En esta casona convertida en tribunal, las partes deben esperar, algunas veces bajo sol, un turno para poder estar ante el juzgado que les hará justicia y, en el mejor de los casos, amontonarse dentro del salón de audiencias.

El TSA es el único a nivel nacional y fue intervenido por el Consejo del Poder Judicial para reducir la mora ascendente a más de mil 296 expedientes para junio de 2012. Fruto de ello se designó una sala liquidadora con una cuota fija de 60 fallos por mes, provocando que, al junto de las demás, evacuaran más de mil 500 decisiones en menos de dos años. Sin embargo, estas sentencias no han sido notificadas porque la carencia de alguaciles propios lo impide.

La Carta Magna en su artículo 164 manda a que la Jurisdicción Contencioso Administrativa esté integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en consecuencia, al no crearse los primeros, entendidos en la materia consideran que, se está violando el doble grado de jurisdicción. Lo que implica, que en vez de juzgar un caso dos veces antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante la casación, solo se está conociendo una vez.

Con los expedientes encima tienen que trabajar los miembros del Ministerio Público en la Jurisdicción Administrativa. Digitadores y secretarios comparte el pasillo con una fotocopiadora. A los lados, debajo de las escaleras y en cualquier rincón hay cajas de expedientes.

El Tribunal Administrativo conoce de todas las acciones contra los actos de la administración pública.

 

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