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Estudiantes taiwaneses acuerdan fin de ocupación parlamentaria pero no de su lucha

Estudiantes de Taiwán en protesta (AP)

Los estudiantes y activistas civiles que ocupan el Parlamento de Taiwán desde el 18 de marzo, en protesta por un acuerdo de servicios con China, acordaron este lunes terminar su ocupación el próximo 10 de abril, tras recibir promesas de una mayor supervisión de los acuerdos con Pekín por parte del Ejecutivo.

El portavoz de los estudiantes, Chen Wei-ting, dijo que la protesta ha despertado un movimiento social inesperado, lo que les animará a mantener su rechazo al acuerdo de servicios, pedir que se promulgue una verdadera ley de supervisión de los acuerdos con China y que se celebre una asamblea nacional constitucional.

«Pasaremos a una nueva etapa», dijo Chen, pero «no abandonaremos la lucha».

Tras el apoyo recibido por la sociedad, Chen considera que ya no es necesario mantener la ocupación del hemiciclo parlamentario, porque «toda la sociedad se ha convertido en un parlamento».

Las protestas contra el acuerdo de servicios con China se iniciaron el 17 de marzo, cuando legisladores del gobernante Partido Kuomintang trataron de acelerar su aprobación mientras la oposición lo calificaba de «no transparente», «ilegal» y lesivo para la economía y seguridad nacional de Taiwán.

Otros estudiantes protagonizaron una breve ocupación de la sede central del Gobierno taiwanés, pero fueron desalojados por la policía, en un enfrentamiento en el que resultaron heridas más de cien personas.

El domingo, 30 de marzo, unos 500.000 manifestantes según los organizadores y 116.000 según la policía, se congregaron en Taipei, en protesta contra el acuerdo de servicios con China, que abre al capital chino sectores como la impresión y publicación y los salones de belleza.

El Gobierno niega que el acuerdo de servicios con China sea lesivo para la economía isleña, asegura que es necesario para lograr otros acuerdos comerciales internacionales y que no se lo ha tratado de aprobar de modo atropellado porque lleva más de nueve meses en trámite parlamentario.

 

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