Entre el 25 y el 29 de noviembre se celebrará en Panamá una conferencia mundial sobre la corrupción. En ese evento se darán cita más de 1,200 delegados políticos, incluyendo a varias decenas de ministros, quienes debatirán sobre un flagelo que cuesta a los países en desarrollo, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 20 y 40 mil millones de dólares anuales.
Me imagino que en esa conferencia se debatirán los elementos clave para fortalecer la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual firmó la República Dominicana en el año 2003, con el objetivo de enfrentar ese delito.
La evidencia empírica revela que la corrupción se reduce si los funcionarios saben que sus acciones serán auditadas y que, si hay irregularidades, serían sancionados.
En el país faltan ambos elementos. Las auditorías de la Cámara de Cuentas son deficientes. Y la justicia se limita a archivar expedientes de actos de corrupción que en naciones desarrolladas hubiesen significado décadas de cárcel.
La corrupción perjudica a los pobres, socava la democracia y reduce la inversión, el empleo y el bienestar.
Si queremos un mejor país, todos los dominicanos debemos involucrarnos en la lucha contra la corrupción. Debemos tener tolerancia cero frente a ese mal.
Reclamemos que las auditorías sean realizadas por personas no capturadas por el poder político. Y exijamos jueces independientes y probos, por el bien de nuestros hijos.
