MEXICO (AP) — Representantes del gobierno de República Dominicana negaron la realización de expulsiones arbitrarias masivas de su territorio de dominicanos y/o inmigrantes por cuestiones raciales, como ha sido señalado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas víctimas de esas deportaciones y cuyos delegados sostienen son parte de un patrón de discriminación que se mantiene hasta la fecha.
En el segundo y último día de una audiencia pública realizada en la ciudad de México, los representantes gubernamentales cuestionaron tanto la veracidad sobre la nacionalidad de algunas de las presuntas víctimas como que haya ocurrido hace más de una década la deportación que reclaman, además de que rechazaron que exista una política de gobierno de discriminación racial institucional como alegan las organizaciones que llevaron la denuncia ante el tribunal interamericano.
La CorteIDH analiza el caso conocido como «Tide Méndez y otros vs. República Dominicana», relacionado con la expulsión de 27 personas, y que es presentado como muestra de un patrón de discriminación y supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante redadas y repatriaciones masivas en la década de 1990 y que se extendería hasta la fecha.
«No hay prueba documental, no hay testigos, no hay nada, sólo la declaración y con irregularidades importantes», dijo José Casado-Liberato, analista de derechos humanos de la cancillería dominicana.
Los representantes de las víctimas han criticado en los dos días de la audiencia la negativa permanente del gobierno dominicana a reconocer las expulsiones arbitrarias y los patrones de discriminación.
Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y uno de los representantes de las víctimas, dijo que el gobierno de República Dominicana se ha caracterizado por su «negación absoluta de este problema» que, aseguró, afecta a la población negra, incluidos dominicanos, como dominicanos de ascendencia haitiana y migrantes haitianos.
Una perito convocada por las organizaciones civiles señaló que en los últimos 13 meses se habrían producido más de 47.000 deportaciones desde Dominicana, según datos que dijo haber obtenido de las fuerzas armadas. Santos Miguel Román, subdirector de migración del Ministerio del Interior y Policía de Dominicana, rechazó la cifra y aseguró que el ejército no realiza expulsiones.
La víspera, un hombre que se identificó como William Medina Ferreras y que dijo ser dominicano, relató cómo hace casi 13 años fue deportado junto con su familia. Dijo que pese a mostrar fotocopias de su cédula de identidad y acta de nacimiento que lo acreditaban como dominicano, fue expulsado por ser confundido como haitiano.
«Tú tienes color moreno, tú eres haitiano también», relató Medina que le dijeron.
En la presentación de alegatos orales a su favor y en un giro inesperado, sus representantes mostraron un video con testimonios de presuntos miembros de la familia Medina Ferreras, quienes tras ser interrogados por una funcionaria sobre si reconocen como su hermano a William aquellos responden que no.
En la grabación se ve y escucha a una mujer que se identificó como Argentina Medina Ferreras decir «no sé por dónde es mi hermano» y agregar que llegó a ver a quien se identificó ante la CorteIDH como William, pero que lo conocía por otro nombre y que era haitiano.
Los representantes de la víctima cuestionaron la validez del video y el presidente de la CorteIDH, Diego García-Sayán, aclaró que el haberlo escuchado durante la audiencia no implica que vaya a ser aceptada como prueba, lo cual valorarán con posterioridad.
Quintana, de Centro de Justicia, dijo que pedirán a la corte rechazar la inclusión del video y aseguró que nunca ha estado en duda que William es un nacional dominicano.
Tras la conclusión de la audiencia pública la Corte Interamericana no emitió ninguna sentencia, debido a que las partes aún pueden entregar más alegatos por escrito.
La corte fijó el 9 de noviembre como el día máximo para presentar alegatos finales por escrito. No tiene un plazo para dar un fallo final.
